Rumbo al cambio de sus autoridades para antes de fin de año y en medio de la coyuntura social y económica, la CGT trazó, en ocasión de la reciente jornada de San Cayetano, algo más que un diagnóstico.
La celebración del Patrono del Trabajo encontró a la central intentando sostener su compromiso con los valores históricos del movimiento obrero: trabajo digno, justicia social, democracia participativa y oportunidades para todos. Son principios que, según referentes de los sectores que conviven en Azopardo, constituyen una apuesta redoblada y que quedaron impresos en el documento hecho público el 7 de agosto.
“Nuestra apuesta es a una paz social basada en el diálogo democrático y en la vigencia y el respeto de los derechos humanos. La paz se construye con inclusión, no con miedo. Otro modelo de país es posible: un país donde el presente y el futuro no sean una amenaza, sino una esperanza compartida”, expresaron, en un texto con un tono diferente al de otros comunicados.
Incluso los más firmes defensores del esquema de diálogo del núcleo de poder dominante en Azopardo reconocen que “la crisis de representatividad también nos impacta”. El señalamiento abarca desde el final del gobierno de Alberto Fernández hasta la gestión de Javier Milei. Una fuente sindical subrayó que es “indelegable”, aún en tiempos libertarios, que la CGT se mantenga en la defensa real de quienes luchan por vivir con dignidad, no se resignan, sueñan con transformar la realidad y no se someten al ajuste que recae sobre los más vulnerables.
“La política debe ser una herramienta de transformación, no de resignación”, enfatizaron.
El rol de la CGT se ha ido ampliando hacia las organizaciones sociales que representan a trabajadores y trabajadoras desocupados, lo que supone un desafío para los sectores más críticos de la central. “Este gobierno ni siquiera disimula que intenta llevarnos a los porcentajes de trabajo registrado que tienen Perú y Paraguay. No son solo palabras: lo respalda en cada declaración donde plantea la reforma laboral como solución a todo”, señaló otra fuente a BAE Negocios. A modo de contexto, citó estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que revelan que, de mínima, el 47,6 % del empleo en la región es informal, sin protección social ni estabilidad laboral, y que la mayoría percibe ingresos insuficientes para superar la pobreza. Perú, tomado como “referencia” por el Gobierno, tiene niveles de informalidad que alcanzan hasta el 70 %, no solo en el trabajo rural sino también en otros rubros de actividad.
Ante este panorama, la CGT reitera que su pilar es la justicia social: “Aspiramos a una sociedad con derechos, con protección social, donde nadie sea prescindible donde los pobres no sean considerados enemigos ni los excluidos responsables de un destino inaceptable”. Y agrega: “No podemos resignarnos a ver cómo crecen la desigualdad, la precarización y la fragmentación del tejido productivo y social, aumentando la inequidad. El trabajo no es un privilegio, es un derecho, pilar de la dignidad humana, ordenador social y fuente de derechos”.
En el documento, la central remarca que el ajuste económico no debe basarse en la destrucción del empleo ni en el deterioro de su calidad, en el recorte de derechos laborales, en el cepo a las paritarias libres o en el desmantelamiento del Estado en nombre de una supuesta eficiencia. “Sin Estado no hay Nación. Reivindicamos un Estado moderno y promotor de un desarrollo estratégico que nos contenga a todos”, afirmaron. En esa línea, subrayan la defensa del Hospital Garrahan, la atención de la discapacidad, el INTA, Vialidad Nacional, el Conicet y el Instituto Nacional del Cáncer. “El equilibrio de las cuentas públicas no puede lograrse a expensas del desequilibrio social ni por imperio de la insensibilidad y la represión”.
La CGT concluye defendiendo un modelo de desarrollo, producción y trabajo que impulse la industria nacional, “donde el capital esté al servicio de la economía y la economía al servicio del bienestar social”.
"Quién sabe Alicia este país..."
En la central advierten que el telón de fondo de esta coyuntura es el avance del Gobierno sobre los convenios colectivos, con una reforma laboral que, bajo el pretexto de modernizar, busca flexibilizar derechos y reducir la protección sindical. “No vamos a permitir que la Argentina se convierta en el espejo de Perú o Paraguay, donde la informalidad y la precarización son la norma”, remarcaron.
Para la CGT, el verdadero camino hacia la competitividad no pasa por rebajar salarios ni vaciar convenios, sino por un desarrollo productivo que incluya a todos. “El trabajo digno no es una concesión: es la base de una democracia sólida”, concluyeron.
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