| Se integraron al Comité contra la Tortura los representantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo | | |
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El Comité es integrado por el senador Juan Pablo Cosso –quien fue electo presidente–, la diputada Silvina Deccó y el diputado Gallay por el Poder Legislativo María Emma Bargagna, directora de Derechos Humanos, por el Poder Ejecutivo y Sofía Stamatti e Ignacio Journé en representación de las organizaciones de la sociedad civil.
“Finalmente terminamos con el proceso de conformación del Comité, que se creó en 2018 y tuvo una modificación en 2023, y que tiene por objeto prevenir la tortura y las penas crueles, inhumanas y degradantes que se dan en situaciones de detención como unidades penitenciarias, alcaidías y residencias socioeducativas”, explicó el diputado Silvio Gallay, uno de los representantes del Poder Legislativo en el Comité.
Asimismo, el legislador destacó el trabajo realizado hasta ahora por los representantes de las organizaciones de derechos humanos, lo cual permitió “sostener” el Comité mientras se concretaban las designaciones de los representantes del Ejecutivo y la Legislatura. “Ellos recorrieron las unidades penales de la provincia y elaboraron informes para ser presentados ante la Comisión Bicameral de Derechos Humanos, que debe con esos informes elaborar políticas públicas para la mejora de las condiciones de detención de las personas que están allí”, dijo.
Además de las cárceles y comisarías, el diputado subrayó que el Comité también debe controlar los centros socioeducativos cerrados que dependen del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf): “Estamos hablando de chicos de entre 14 y 18 años y nosotros tenemos que garantizar y velar por sus derechos humanos. Es importantísimo cumplir con ese objetivo, porque son menores”.
“Tenemos que tener en cuenta que cuando se comete un delito lo que se priva es la libertad ambulatoria, porque hay mucha gente que cree que cuando una persona comete un delito tiene que estar privado de todos sus derechos”, agregó.
En cuanto a la situación de la población carcelaria, Gallay mencionó que hubo un crecimiento significativo en la última década: en 2013 las personas privadas de su libertad en los distintos establecimientos de Entre Ríos eran 1.060, mientras que en 2024 eran 2.800, lo cual implica un aumento del 160%. No obstante, consideró: “Tenemos hoy ocho unidades penales, con capacidad para 2.758 personas, es decir que la sobrepoblación es del 1,54%, que es un número muy bajo en términos comparativos con otras provincias”. (APFDigital)
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