| El Gobierno en el sinuoso camino del veto | | |
  |
Los presidentes de la Cámara de Diputados y Senadores firmaron las leyes que establecen el aumento a las jubilaciones, el regreso de la moratoria y la declaración de la emergencia en discapacidad. El miércoles lo hizo Victoria Villarruel y este jueves fue el turno de Martín Menem. Con esas firmas, las leyes quedaron listas para ser enviadas al Poder Ejecutivo. Una vez que el Senado las remita al Presidente, y que este se notifique de su recepción, comenzarán a correr los diez días hábiles para que el Gobierno ejecute los vetos que ya anunció. En paralelo, fueron girados los proyectos impulsados por los gobernadores que ya cuentan con media sanción. Ambos comenzarán a ser discutidos en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside y controla el libertario José Luis Espert. El texto referido al impuesto a los combustibles también fue enviado a la Comisión de Energía y Combustibles. El receso invernal en el Congreso le da aire al Gobierno para intentar una salida negociada con los gobernadores y evitar así sumar un nuevo veto en la antesala de las elecciones.
Tras el duro revés en el Senado, el Gobierno apuesta a dilatar los tiempos. Cada día que pasa sin promulgar ni vetar las leyes es, para la Casa Rosada, un día ganado en nombre del orden fiscal que defiende con uñas y dientes, incluso en contra de su propio pueblo. La estrategia fue no mostrar desesperación y dejar que el tiempo, la incertidumbre y el calendario electoral alineen a los gobernadores. Son ellos la llave para insistir con las leyes sancionadas o para rescatar, una vez más, al Gobierno de Javier Milei.
Desde el comienzo, el objetivo de los gobernadores fue generar una instancia de negociación y presión hacia la Casa Rosada. Pero la estrategia fue desoída por el Ejecutivo, y las iniciativas avanzaron con un tratamiento exprés en el Senado. Ahora, la gran incógnita es cuán dispuestos están a pisar el acelerador: si asumirán un rol activo para empujar la discusión en Diputados o si se convertirán en los “héroes” que el Gobierno aspira y que retiren los proyectos que desafían las arcas fiscales y blinden, otra vez, los vetos presidenciales.
Dos factores desvelan a los gobernadores en año electoral: el dinero de Nación que no llega a sus provincias y el armado electoral. Entre los mandatarios hay un grupo que todavía aspira a acordar con La Libertad Avanza a nivel nacional. Entre ellos se encuentra el mendocino Alfredo Cornejo, que se encamina a un acuerdo, Claudio Poggi de San Luis y Marcelo Orrego de San Juan. Otros, como Leandro Zdero en Chaco, ya lo lograron. Son los que podrían volver a ayudar al Gobierno si sus intenciones electorales fueran correspondidas desde la Casa Rosada.
A mano alzada, la cuenta que hace el Gobierno para blindar los vetos en Diputados incluye al PRO, el MID, los “radicales con peluca” y el sostenimiento de los vínculos con algunos gobernadores aliados, como Alfredo Cornejo de Mendoza, Rogelio Frigerio de Entre Ríos, Hugo Passalaqua de Misiones, Leandro Zdero de Chaco e Ignacio Torres de Chubut, que ya dieron muestras de colaboración en el Senado.
En la semana, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, intentó descomprimir la tensión acumulada con los mandatarios. “No estamos en guerra con los gobernadores”, dijo en declaraciones radiales. “Siempre intentamos acercarnos, ellos se alejan un poco a veces, priman las circunstancias políticas”, agregó. Pero en la misma nota, Francos ratificó la decisión del presidente Javier Milei de “vetar todas las leyes que impliquen un gasto fuera de lo previsto”.
El jueves hubo un encuentro informal y una foto compartida en el cóctel de La Rural, en el marco de la 137° edición de la muestra ganadera. “La presencia nuestra es para demostrar que nos llevamos bien y que no tenemos ningún problema, sólo muy pocas diferencias. Mañana nos seguimos peleando”, bromeó el jefe de Gabinete desde el Restaurante Central de La Rural.
No hubo diálogo que sugiriera una intención de acuerdo por parte del Gobierno. En el brindis estuvieron Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño Ignacio Torres, de Chubut Sergio Ziliotto, de La Pampa Marcelo Orrego, de San Juan Carlos Sadir, de Jujuy Raúl Jalil, de Catamarca Gustavo Sáenz, de Salta y Rogelio Frigerio, de Entre Ríos. Según pudo reconstruir este diario, los gobernadores asistieron sin expectativas, convencidos de que cualquier instancia de negociación debe canalizarse por los carriles oficiales.
El recorrido de los gobernadores
El jueves, finalmente fueron girados a comisiones los proyectos impulsados por los mandatarios provinciales sobre el reparto de fondos a través de los ATN y la coparticipación de lo recaudado por el impuesto a los combustibles. Ambos comenzarán a ser discutidos en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside José Luis Espert y que recibió múltiples repudios durante la última sesión por obstaculizar el tratamiento de las leyes que incomodan al Gobierno. La iniciativa sobre el impuesto a los combustibles también fue derivada a la Comisión de Energía y Combustibles, encabezada por la libertaria Lorena Villaverde.
En Unión por la Patria había intención de sesionar esta semana y llevar los proyectos al recinto sin dictamen, tal como sucedió en el Senado, como una forma de saltear el blindaje que ejerce Espert desde la comisión. Para que eso ocurra, se necesitan dos tercios, un número difícil de alcanzar en la Cámara de Diputados. “Es muy difícil que haya quórum con las vacaciones en el AMBA”, reconoció un diputado a Página/12. La misma fuente agregó: “Lo cierto es que si los gobernadores pidieran que se juegue, habría quórum seguro, y eso nos asegura ganar también temas como universidades y Garrahan”, explicó.
Sin embargo, los gobernadores aún no definieron ir a fondo. Incluso algunos de ellos preferirían separar la discusión de sus proyectos de otras iniciativas más urticantes para el Gobierno, como el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica. Los diputados de la oposición a cargo de la estrategia parlamentaria buscan que estás dos iniciativas sea aprobadas con números holgados para resistir su posterior veto,
Como viene ocurriendo en la Cámara de Diputados, la próxima sesión podría servir para forzar el tratamiento de los proyectos. Sin necesidad de alcanzar los dos tercios, basta con reunir 129 votos para emplazar las iniciativas a comisión y acelerar su discusión. Los secretarios parlamentarios de la oposición barajan distintas posibilidades en el grupo de WhatsApp que comparten. Coinciden en que recién el 30 de julio o el 6 de agosto podría llevarse adelante la próxima sesión. “Conviene no apurarnos en convocar, para evitar que no haya quórum cuando todos esos temas podrían garantizarlo”, explicó un legislador en diálogo con este diario. En efecto, la agenda de los gobernadores debería, como mínimo, asegurar la presencia de 129 diputados para abrir la sesión.
|
|
Envíenos su consulta o comentario.
Recomendar esta noticia
