| Argentina volvió a recibir el respaldo del gobierno de EEUU que rechazó entrega del 51% de acciones | | |
  |
El gobierno de Estados Unidos volvió a respaldar a la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF. El apoyo se concretó tras una presentación escrita del Departamento de Justicia, que se asistió como amicus curiae en la causa que se tramita en Nueva Yok, y rechazó ante la Cámara de Apelaciones la entrega del 51% de las acciones de la petrolera a los fondos buitre.
Tal como anticipó Energy Report al inicio de esta semana, altos funcionarios de la administración de Donald Trump tenían previsto interceder en favor del país en el proceso judicial que lleva adelante la jueza Loretta Preska.
"Estados Unidos solicita autorización para presentar un memorando como amicus curiae en apoyo de la solicitud de suspensión pendiente de apelación de la República Argentina", dicen los encabezados de los tres documentos a los que accedió este medio, que fueron firmados por el fiscal general David E. Farber.
Es que el Departamento de Justicia presentó escritos en cada una de las tres causas vinculadas a la entrega de acciones de YPF, iniciadas por demandantes distintos: Petersen Energia Inversora S.A.U. (Case: 25-1687, a cargo de Burford), Eton Park Capital Management (Case: 25-1689) y Bainbridge Fund Ltd. (Case: 25-1686), que corresponde a una parte todavía impaga de la deuda en default del 2001.
Los principales argumentos del Gobierno de EEUU
El gobierno de EEUU pidió que se suspenda la ejecución de la sentencia para preservar la inmunidad soberana, evitar conflictos internacionales y garantizar que el proceso judicial se resuelva correctamente en la instancia de apelación.
Violación a la inmunidad soberana
Según la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA, Foreign Sovereign Immunities Act en inglés), las propiedades de los Estados extranjeros están protegidas frente a embargos, salvo que se encuentren dentro del territorio de Estados Unidos. Y como las acciones de YPF que los demandantes quieren embargar están en Argentina, no en EEUU, no son embargables bajo el FSIA.
Las acciones de YPF Clase D que están en manos del Estado nacional y que Loretta Preska ordenó entregar a los fondos buitre están registradas en la Caja de Valores y no cotizan en Wall Street. Las acciones con el símbolo YPFD se negocian en Argentina y las que tienen el símbolo YPFDD en Nueva York (cedears).
En este caso, los abogados defensores de Argentina advierten por un "ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial" de la magistrada Preska.
Un precedente legal favorable a Argentina
El fallo de primera instancia se basó en un caso anterior (Peterson II) que fue anulado por la Corte Suprema en 2020. Pero además, existe un precendente legal que ayuda a la Argentina.
Según el Departamento de Justicia, en otros tribunales de apelaciones ya han coincidido anteriormente en que la presencia física de los activos en EEUU es requisito esencial para permitir su ejecución. Y los activos de YPF no están en EEUU.
Impacto internacional y reciprocidad
Los funcionarios judiciales de Donald Trump enfatizaron que permitir la ejecución forzada sobre activos estatales en el extranjero, violando normas de inmunidad soberana, podría tener repercusiones graves sobre la política exterior de EEUU.
Y además, podría afectar la reciprocidad legal: es decir, poner en riesgo que otros países tomen medidas similares contra bienes de EEUU en el exterior.
El temor del gobierno de EEUU es que si se entregan las acciones de YPF el fallo permitiría -en un futuro hipotético- que la Argentina pueda hacer lo mismo -quedarse forzadamente- con alguna empresa o un activo soberano de EEUU.
Los abogados de Argentina hablan de que el fallo de Preska "interfiere indebidamente" con los derechos legítimos de los estados extranjeros.
Cómo reaccionó el Gobierno ante la nueva presentación de EEUU
Este nuevo gesto se sumó al apoyo ya expresado por el mismo organismo en noviembre de 2024, cuando presentaron escritos ante el tribunal federal del distrito sur de Nueva York en defensa de la postura argentina, contraria a la transferencia de los títulos accionarios de la compañía privada de mayoría estatal.
"No se trata de un respaldo menor ni debe ser naturalizado", afirmaron desde el Gobierno, tras conocer el apoyo. "Basta recordar que en 2019, durante las presidencias de (Mauricio) Macri y Trump, la Corte Suprema de los Estados Unidos solicitó al gobierno norteamericano su opinión sobre la inmunidad de jurisdicción invocada por Argentina. En esa ocasión, el gobierno estadounidense se presentó como amicus curiae y emitió un dictamen contrario a nuestro país", recordaron.
En este marco, fuentes gubernamentales aseguran que ahora "la situación cambió" y subrayaron que el gobierno de Javier Milei "logró que, en menos de un año, y bajo dos administraciones diferentes (Biden y Trump), el Departamento de Justicia de los Estados Unidos apoye la posición argentina en esta causa".
En la Casa Rosada sostuvieron que "se trata de un hecho significativo que refleja una política exterior coherente y clara, orientada a la defensa del interés nacional, y que también demuestra la seriedad de las presentaciones y la solidez de los argumentos jurídicos presentados por el Estado argentino".
Cómo sigue la causa judicial por la expropiación de YPF
Loretta Preska ordenó la entrega del 51% de las acciones de la petrolera ("turnover") a los fondos buitre Burford Capital y Eton Park, que ganaron el juicio por u$s16.099 millones.
Actualmente, tras una presentación doble de los abogados de Argentina y un fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, esa orden de transferencia de acciones de YPF quedó suspendida por "tiempo indeterminado". Esta medida rige tanto en la causa por la expropiación de YPF como en el caso del pago pendiente a los holdouts de la deuda en default de 2001 (Bainbridge).
La Cámara concedió la suspensión administrativa temporal de la orden inicial de Loretta Preska del 30 de junio pasado, hasta que un panel de tres jueces analice y resuelva la moción de suspensión de la ejecución de sentencia. Al mismo tiempo, los jueces de segunda instancia deberán analizar y responder por la apelación al juicio. Esa tríada todavía no fue conformada.
Para continuar con la apelación y evitar una ejecución inmediata del fallo, el país debe ofrecer una garantía financiera. Sin embargo, todavía no lo hizo. Ahora, la Corte de Apelaciones debe resolver si Argentina puede continuar con la apelación sin garantía. Si no lo autoriza, quedará abierta la posibilidad de iniciar la ejecución del fallo y buscar activos argentinos en el exterior.
En medio de la espera -podría demorarse dos años una sentencia de fondo de la Cámara-, el proceso continuará y para ello se fijaron distintos plazos. A los apelados (los fondos) se les pidió que presenten un descargo y ya lo hicieron, mientras que la apelante (Argentina) debe presentar su réplica antes del 22 de julio de 2025. Esto lo fijó la propia Cámara.
Los "camaristas" de Nueva York deberán dar una respuesta definitiva al juicio: ratifican todo lo actuado por la magistrada, modifican parcialmente el fallo o lo revocan por completo.
A los temores iniciales del gobierno de EEUU, ahora se sumó otro mayor: que -como se estima- el caso se encamine a la Corte Suprema de EEUU y que sea el máximo tribunal el que falle a favor de los fondos buitre, y siente un precedente "dañino" para la democracia empresarial estadounidense y las leyes del mercado de capitales.
Un "as" en la manga: la designación de un intermediario
Días atrás fuentes vinculadas al litigio en Nueva York anticiparon a este medio que era inminente una declaración de EEUU a favor de la Argentina. A esta manifestación judicial, ahora se podría sumar otra política. Por ejemplo, un mensaje de Donald Trump en su propia red Truth Social.
Sin embargo, en las últimas horas, las fuentes consultadas no descartan la proposición ante la jueza Loretta Preska y la Cámara de Apelaciones del nombramiento de un agente "intermediario" (tercera posición) para abrir una instancia de negociación entre las partes, que allane el camino a un acuerdo extrajudicial, con un monto de pago muchísimo inferior al determinado en la sentencia inicial. Hoy, quien cierra las puertas a cualquier intento de diálogo para acercar posiciones, es el Gobierno nacional.
|
|
Envíenos su consulta o comentario.
Recomendar esta noticia
