| De la indemnización al fideicomiso, el mercado entra vía reforma laboral | | |
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Con la reforma laboral como horizonte, surgió la resolución 1066/25 de la Comisión Nacional de Valores ( CNV), complementada por la 1071/25, que propone transformar el sistema de protección contra el despido arbitrario. Las normativas habilitan la creación de Fondos de Cese Laboral a través de mecanismos como Fondos Comunes de Inversión o Fideicomisos, trasladando la protección laboral al terreno del mercado de capitales.
Según el titular de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL), Matías Cremonte, estas medidas revelan aspectos claves: “Por un lado, el Gobierno pisa el acelerador a fondo para implementar los fondos de desempleo”, afirmó, y añadió que “asoma la generación de un enorme negocio financiero, ya que implica el ingreso de dinero a la timba financiera”. Cremonte adhirió a la visión del también especialista en derecho laboral Oscar Cuartango, quien señaló a BAE Negocios que “la iniciativa oficialista propicia el reemplazo del sistema indemnizatorio del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Se presenta como una modernización de las relaciones laborales, pero la transformación tiene problemas jurídicos y conceptuales”.
En la misma línea, Cremonte subrayó que “no se trata de una dinámica novedosa algo similar sucedió con las AFJP, o como lo siguen siendo las ART, que manejan capitales cautivos donde todas las empresas deben aportar y están en la primera línea de rentabilidad. No ocupan ese lugar por su prestación frente a los riesgos del trabajo, sino por la inversión financiera de una gran masa de dinero”. A su criterio, además del perjuicio para trabajadores y trabajadoras al momento del despido, se potencia la generación de un negocio para quienes administrarán los Fondos de Cese Laboral.
Cremonte también planteó un aspecto estratégico para frenar este avance: “Ojalá ninguna organización sindical se preste a implementarlo, ya que la participación gremial está prevista en la Ley Bases para discutir estos fondos en paritarias”. Como dato ilustrativo, remarcó que, a un año de su sanción, ningún gremio ha aceptado formar parte de una estructura para avanzar en los fondos de desempleo.
La normativa impulsada por la CNV no constituye una reforma laboral integral en sentido clásico —no es un nuevo marco aprobado por el Congreso—, pero configura una reforma de facto, fragmentaria y regresiva. Se trata de un cambio estructural en la protección frente al despido: pasa de ser una obligación legal del empleador a un modelo financiero individual, en manos del mercado.
El nuevo esquema traslada al trabajador el riesgo del despido y libera al empleador del pago directo de la indemnización. El Estado, sin modificar la ley formal, promueve un reemplazo funcional del régimen indemnizatorio. Los laboralistas identifican una lógica libertaria en esta iniciativa: desregulación, bancarización forzada y desplazamiento del derecho del trabajo hacia lógicas del derecho comercial o financiero. No es “la” reforma laboral normativa y total, pero sí una reforma estructural por su impacto real sobre los derechos.
Rápido, furioso y libertario
El repaso de las directrices libertarias, bajo el lema de “hacer lo mismo pero más rápido”, remite a la era del macrismo. En una charla a micrófono abierto, el entonces ministro de Educación Esteban Bullrich, junto al presidente Mauricio Macri, explicaba que la estrategia frente a los gremios consistía en lanzar múltiples medidas para captar la atención sobre una, y así lograr que alguna sorteara la resistencia sindical.
Desde diciembre de 2023, ya sea por vocerías oficiales, el Boletín Oficial o declaraciones de ministros, La Libertad Avanza marca el compás de la fricción con los gremios, con misiles dirigidos tanto al conjunto como a blancos específicos.
El repaso —sin solución de continuidad— incluye DNU, la Ley Bases, restricciones al derecho de huelga y a la Ley de Asociaciones Sindicales, sumados a una estrategia de contención salarial mediante el freno a las paritarias. Todo esto configura un cuadro de ofensiva conceptual y normativa sobre el mundo del trabajo.
Cremonte advirtió, en diálogo con el programa “El Social Argentino” (Radio Gráfica), que el diseño institucional del Gobierno de Javier Milei también es revelador: la secretaría laboral, encabezada por el ex directivo del Grupo Techint Julio Cordero, funciona como apéndice del Ministerio de Capital Humano. “No es aventurado considerar que esa secretaría funciona como una gerencia de Recursos Humanos. Y no lo digo en tono irónico, sino para reflejar la ausencia del Estado en las relaciones laborales que propone este gobierno”, señaló.
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