El proyecto de ley impulsado por el Gobierno para facilitar el uso de dólares no declarados comenzará a debatirse la próxima semana en un plenario conjunto de tres comisiones de la Cámara de Diputados, por lo cual no será tratado en el recinto antes de fines de junio o la primera semana de julio, según reconocieron fuentes parlamentarias.
La iniciativa, bautizada como “Principio de Inocencia Fiscal”, propone modificar el Régimen Penal Tributario con el objetivo de alentar a los argentinos a incorporar sus ahorros no registrados al circuito económico formal, sin controles ni penalidades. El texto fue girado a las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Legislación General y Legislación Penal, todas presididas por aliados del oficialismo.
Para obtener dictamen, La Libertad Avanza necesita el respaldo de bloques dialoguistas como el PRO, la UCR, Encuentro Federal, Innovación Federal y Democracia para Siempre. Las negociaciones estarán encabezadas por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y por José Luis Espert, titular de la comisión de Presupuesto, que es donde el oficialismo enfrenta el escenario más adverso.
El proyecto eleva el piso para considerar una maniobra como “evasión simple”, de $1.500.000 a $100.000.000, y el umbral para “evasión agravada”, de $15 millones a $1.000 millones. También reduce de cinco a tres años el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias y crea un régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias, que permite declarar ingresos sin justificar consumos ni variaciones patrimoniales.
La estrategia del oficialismo incluye desincentivar la fiscalización sobre los patrimonios durante tres años para quienes se adhieran al nuevo régimen. “Lo que está tratando de implementar el oficialismo está bueno, pero le falta sustento jurídico”, sostuvo Guillermo Pérez, CEO del Grupo GNP.
El plan fue presentado bajo el lema “Tus dólares, tu decisión”, con el que el vocero presidencial, Manuel Adorni, lanzó oficialmente la campaña. “Tenemos que hacer un cambio de chip para que el Estado respete una verdad elemental: lo tuyo es tuyo”, afirmó en conferencia de prensa.
El Centro de Estudios Nueva Economía (CENE) estima que hay USD 100.000 millones en billetes físicos fuera del sistema. Según sus cálculos, cada argentino tendría en promedio USD 2.100 en efectivo guardados en su casa. El objetivo del Gobierno es que esa masa de ahorros comience a circular sin pasar por los controles tradicionales de la AFIP ni de la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Los críticos del proyecto, entre ellos el economista Gastón Jamui, advierten que “la medida puede incentivar la evasión futura” y abrir la puerta al lavado de activos. “No se exige ningún tipo de justificación sobre el origen de los fondos. Eso puede permitir que se legalicen recursos provenientes del narcotráfico, la corrupción o la trata de personas”, alertó en diálogo con France 24.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo intergubernamental que establece estándares para combatir el lavado de dinero, también sigue de cerca el proyecto. Aunque en la Casa Rosada aseguran que las medidas cumplen con las recomendaciones del organismo, expertos remarcan la falta de trazabilidad.
Por su parte, analistas como Juan Ignacio Di Meglio y Nicolás Favaron señalan que el plan podría estar asociado a un avance en la llamada “dolarización endógena”, una estrategia no oficializada que busca consolidar al dólar como moneda de referencia sin declarar su estatus legal.
Más allá del discurso oficial, el futuro del proyecto dependerá del resultado del debate en comisiones y de la capacidad del Ejecutivo para reunir los votos necesarios. El Congreso, una vez más, será el escenario donde se definirá el rumbo de una medida que promete alivio fiscal para algunos, pero que genera inquietudes sobre su impacto institucional y financiero.
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