| Testigos contaron cómo operaba Generación Zoe en Salta | | |
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Con la declaración de damnificados continuó la tercera jornada de
El juicio que en Salta se sigue contra Nelson Leonardo Cositorto, fundador de la financiera Generación Zoe, y contra cuatro personas que conformaban el staff de la sucursal que funcionaba en la provincia, seguirá hoy con más testimonios de denunciantes.
Cositorto, Ricardo Vilardel, Jorge Federico Vilardel, Ana Lucía Vilardel y Vilma Griselda Albornoz están imputados por los delitos de estafas reiteradas (118 hechos) y asociación ilícita en concurso real.
En lo que va de la audiencia declararon nueve denunciantes. En general, contaron cómo se vincularon con la financiera y los motivos que los convencieron de invertir en ella.
El jueves último, cuando comenzaron las testimoniales, fue conmovedora la declaración de una mujer mayor que había invertido 500 dólares, un ahorro que le "costó mucho", y "ahora necesito para mis medicamentos", pidió después de contar que padece de una enfermedad crónica.
"No alcancé a retirar la ganancia", lamentó. Dijo que se enteró por las noticias de la presunta estafa e hizo la denuncia, después de ver que la oficina de la empresa estaba cerrada e intentar en vano que le devolvieran su inversión.
Detalló que entregó los 500 dólares el 19 de enero de 2022, a Ricardo Vilardel. "Me inspiró confianza dado que era pastor", dijo. Le ofrecieron el 7,5% "de ganancia por mes". Contó que participó de dos reuniones evangélicas, desarrolladas en el primer piso de la oficina de Generación Zoe.
El segundo testigo también dio cuenta de la vinculación de la financiera con la religión. Dijo que se enteró de la operatoria a través de la pastora evangélica Mónica Garay. En su caso invirtió una suma cercana a los 30 mil dólares y le ofrecieron una rentabilidad del 8%. El capital depositado era por un plazo de tres años pero podía retirar los intereses de forma mensual, lo que hizo dos veces y los cobró en efectivo y en dólares.
El viernes declararon siete denunciantes, entre ellos una abogada, cuatro efectivos del Servicio Penitenciario y un policía aeroportuario retirado. También relataron cómo se vincularon con la Fundación Zoe y por qué decidieron entregar sus ahorros en dólares. Dijeron que en la oficina local les informaron que podían retirar los intereses pero el capital inicial recién podían recuperarlo al cabo de tres años. También les daban la opción de reinvertir el dinero en bots de criptomonedas.
La mayoría de los denunciantes dijo que se enteró de las operaciones financieras que realizaba la compañía a través de compañeros de trabajo o amigos. A los fiduciantes les ofrecían una comisión o premio por llevar a otros inversores.
En general los testigos relataron que podían ver cómo crecía su capital mes a mes a través de una aplicación que les ofrecían bajar en su celular. Coincidieron en señalar que la empresa generaba confianza porque tenía sucursales en diferentes ciudades y en Salta contaba con oficinas céntricas muy bien instaladas. Además, los responsables de la atención al público aseguraban que la firma estaba en regla.
También uno de estos testigos mencionó que en las instalaciones de Zoe también funcionaba un templo donde se realizaban reuniones y ceremonias.
Cada uno de los testigos reconocieron a las personas imputadas como interlocutores de Zoe en Salta. Eran ellos los encargados de recibir el dinero de la membresía que les garantizaba buenos dividendos. En algunos casos les prometían un rédito del 7.5%, en otros ofrecían el 15%, o incluso más.
Una de las denunciantes refirió que luego de entregar sus ahorros, en noviembre de 2021, le dieron un recibo firmado por Ricardo Vilardel, que figuraba como director de Zoe. Ella exigió que le dieran un contrato y, ante su insistencia, después de unos días la citaron, le hicieron firmar un “formulario de adhesión a fideicomiso”, pero ella nunca tuvo acceso al contrato. Le dieron dos opciones: retirar las ganancias todos los meses o dejarla en la plataforma para reinvertir el dinero. Ella optó por el cobro mensual. Dijo que le pagaron los intereses durante tres meses seguidos. Cobraba en efectivo y en dólares. La operación se hacía en las oficinas de la empresa.
Luego se difundió en los medios que Cositorto había sido denunciado en Córdoba. La testigo dijo que inmediatamente se comunicó al grupo de whatsapp de Zoe para pedir información. Le dijeron que no se preocupara, que el pedido de captura era mentira. Las preguntas de los inversores eran cada vez más insistentes y entonces los administradores anularon la opción de permitir comentarios. La inversionista le escribió por privado a una de las ahora acusadas y ella le dijo que Cositorto había ordenado limitar el chat.
A pesar de la situación y de los reclamos, en el grupo de Zoe habían comenzado a promocionar una nueva empresa llamada Sunrise, que funcionaba a través de otra aplicación. Finalmente, les informaron a través del chat que la oficina de Salta cerraba sus puertas.
La financiera Generación Zoe comenzó a ser investigada en 2022 a partir de múltiples denuncias de ahorristas que aseguraban haber sido estafados. En Salta se presentaron 118 denuncias y en la investigación se determinó que Cositorto lideraba una empresa que operaba a través de un esquema fraudulento: atraía inversores con la promesa de una rentabilidad muy elevada: entre el 7,5% y el 10 % mensual, alcanzando el 120 % anual. Pero la ganancia prometida no procedía de las actividades financieras y comerciales que promocionaba, sino de los fondos frescos depositados por nuevos inversores.
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