El Gobierno modificó por decreto la ley sobre personas en situación de calle

El Gobierno modificó por decreto la ley sobre personas en situación de calle

A días del inicio del invierno, el gobierno de Javier Milei decretó cambios en la política de asistencia a indigentes. A través del Decreto 373/2025, pasó la responsabilidad del tema a cada provincia, dejando al Estado Nacional sólo como “órgano rector”. Se modificó así la esencia de la Ley 27.654, por la que tanto lucharon las organizaciones sociales.
Envíenos su consulta o comentario. \| Recomendar esta noticia Fecha:05/06/2025 7:38:00 Texto completo de la noticia

“Nos costó más de 13 años que se pudiera aprobar y de un plumazo te tiran todo para atrás, simplemente porque no les importa si la gente en situación de calle existe o no existe, si se muere o no se muere. Esa es la realidad”, lamentó Horacio Ávila, referente de Proyecto 7.

“En concordancia con los lineamientos generales que establezca la Autoridad de Aplicación como órgano rector, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su condición de responsables inmediatos de la atención de las personas en situación de calle y en riesgo de situación de calle, tienen a su cargo la elaboración e implementación de las políticas públicas pertinentes, para lo cual elaborarán sus propios planes y estrategias para abordar la problemática y brindar atención directa a sus destinatarios”, dice el decreto firmado por el Presidente, además de Guillermo Francos –jefe de Gabinete- y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

“Es un desastre. Tristísimo para los que formamos parte de la letra de esa ley”, definió Mariam López Dualde, de la Red Puentes del Movimiento Popular Nuestramérica. La ley se reglamentó en 2022 y nunca se terminó de implementar por completo. Tenía como autoridad de aplicación al ya inexistente Ministerio de Desarrollo Social y establecía entre otras cosas la obligatoriedad de realizar un relevamiento anual de alcance nacional para definir políticas públicas para las personas sin techo o en riesgo de estarlo en todo el país. Todo eso, afuera.

Si bien no hay estadísticas oficiales sobre población de calle a nivel nacional, los indicadores locales a partir de datos de jurisdicciones y organizaciones sociales dan cuenta de fuertes aumentos.

Semanas atrás se presentó en la Comuna 1 un relevamiento sobre los barrios porteños de San Telmo, Monserrat, Puerto Madero, Constitución, San Nicolás y Retiro: el resultado fue de 1483 personas sin techo. En una sola comuna, más personas durmiendo a la intemperie que las 1236 contabilizadas oficialmente para toda la Ciudad.

No es solo una realidad porteña. “La cantidad de personas en situación de calle en todo el país y en Córdoba aumenta día a día –posteó Raúl La Cava, Secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de esa ciudad- A partir de este decreto, el Gobierno nacional desoye la ley fundamental una vez más, deslindando su responsabilidad, escudándose en un falso federalismo, que sólo reparte obligaciones y mezquina recursos”.

De todos modos, aclaró que la medida “blanquea lo que ya venía ocurriendo: desde que asumió este gobierno nacional, la Municipalidad de Córdoba ha recibido cero recursos para paliar la grave crisis, que crece y no encuentra su piso”.

La problemática crece no sólo por la cantidad de población a la intemperie. También por las políticas violentas para correrla de la vía pública, como viene pasando en Mar del Plata bajo la gestión de Guillermo Montenegro.

“Es parte de la lógica con la que gobiernan”
“Que existiera una ley era una deuda histórica para que el tema se conceptualizara, que estuviera en la agenda pública. Previo a la ley eran los municipios -ni siquiera era a nivel provincial- los que se ocupaban. Siempre fue un tema en una escala muy local. La ley lo que hizo es decir ‘está pasando esto’ y le dio entidad como problema nacional”, explica Jorgelina Di Iorio, psicóloga, investigadora del Conicet, parte de Abrigar Derechos e impulsora –con la Asamblea de Personas en Situación de Calle– del Registro Unificado de Violencias (RUV) hacia personas sin techo en Argentina. “La modificación que ahora plantean no parece desalineada de la lógica con la que gobiernan: transferir a las provincias”, compara.

En diálogo con Tiempo, la investigadora apunta que “en términos de política pública no significa nada, parece más una declaración para la audiencia” porque “desde que asumieron no funcionaba nada. En 2022-2023 hubo alguna coordinación nacional, estuvo el Programa Integrar que era nacional dependiendo de Desarrollo Social, ya con la reglamentación de la ley. Eso es lo que estarían desarmando, pero en rigor ya no estaba funcionando porque no tenía presupuesto. No hace más que ponerle un título a algo que se está haciendo: desentenderse del problema, como con todo, parte de la misma lógica”.

Mientras en CABA está a punto de realizarse el tercer censo popular de personas en situación de calle, Ávila señala: “Desde Proyecto 7 estamos con mucha bronca, porque es una muestra más de lo poco que le importa la gente al desquiciado y perverso que hay en el gobierno y a su séquito. No hacerse cargo de lo que no le interesa. Pasar la pelota a las provincias sin pasarles presupuesto. Ya les había sacado parte de la coparticipación a la mayoría, las provincias están haciendo magia con lo que tienen y ahora les pasa la aplicación de una ley que necesita muchos recursos que debería poner el Estado nacional”.

No es algo aislado, coincide Ávila. “Tiene que ver con cuánto le importan o no las cuestiones de mayor vulnerabilidad. Como lo viene mostrando con discapacitados, jubilados, con las personas con padecimientos oncológicos, y mil ejemplos más”.

“Sin eliminar la ley, la ningunean”
Santiago Bachiller es director del Observatorio Nacional de Políticas Públicas sobre Personas en Situación de Calle creado en 2023 desde la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref). Desde ese lugar analiza el decreto del Ejecutivo para modificar la ley por los derechos de las personas sin techo.

“Por un lado, es cierto que ya estaba funcionando así. Históricamente no hubo nada en Argentina que unifique lo que ocurre en las distintas provincias con las personas en situación de calle. Ni siquiera las provincias, porque es un fenómeno con respuesta desde los municipios, las localidades. Eso es súper problemático porque depende de la voluntad política de cada municipio”, sostiene.

Por eso, antes de la sanción de la ley y tras su incompleta implementación, “lo más frecuente en las ciudades pequeñas donde el fenómeno no es tan masivo o tan visible es que o no haya nada o lo que haya pase por las manos de la intervención del ámbito privado. Sobre todo de las distintas iglesias”.

“Por un lado esto ya sucedía, pero por otro lado lamentablemente estamos perdiendo una oportunidad histórica porque lo que se está haciendo es muy similar a lo que se hizo en los 90 con las políticas de descentralización. Implicó transferencia de responsabilidades sin transferir recursos económicos ni humanos, con lo cual el Gobierno lo que hace es desligarse del tema, lavarse las manos”, cuestiona el investigador.

“Hay un montón de localidades donde ni siquiera se visibiliza el problema de la situación de calle, con lo cual no desarrollan ningún tipo de política pública. Muchos otros lugares responden desde el asistencialismo, cuando la ley planteaba la necesidad de asumir un enfoque de derechos”.

La ley “era muy reciente y fue sancionada sin presupuesto y en un contexto de crisis económica, con lo cual fue muy poco lo que se llegó a desarrollar. Pero abría la posibilidad de que en el futuro se adopten medidas necesarias. Planteaba que había un Ministerio de Desarrollo con responsabilidades en el asunto, hacer un censo nacional para diagnosticar y asumir responsabilidades, presupuesto, partidas específicas”. Todo eso quedó en la nada.

El Observatorio que coordina Bachiller, de hecho, había sido contratado por el gobierno anterior para mapear las organizaciones del país abocadas a la población sin techo. El mapeo se realizó pero la gestión actual nunca utilizó esa información.

“La ley era la posibilidad de que el Gobierno Nacional tomara cartas en el asunto y encuadrara a todas las entidades en un enfoque integral de derechos. Todo eso se perdió por esta lógica descentralizada donde todo pasa por lo local. Es una buena manera de no eliminar la ley pero sí quitarle todo peso y trascendencia. Ningunearla”.