| Las críticas del CELS a la reforma migratoria: entre las redundancias y el impulso a un régimen de excepción | | |
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El vocero presidencial Manuel Adorni anunció este miércoles una supuesta reforma migratoria en la víspera de las elecciones porteñas donde participa como candidato a legislador por La Libertad Avanza. Sus dichos generaron polémica aunque también observaciones respecto a la forma en que fue planteada ya que muchas de las disposiciones anunciadas se encuentran en vigencia.
Chequeado al anuncio de la reforma migratoria:
El gobierno dice:
1. Cualquier persona condenada que intente ingresar al país será rechazada.
Aclaración:
Ya el art. 29, inc. c de la Ley de Migraciones lo prevé para quienes tengan antecedentes o condenas superiores a 3 años. pic.twitter.com/ifHcTGJx7x
— CELS (@CELS_Argentina) May 14, 2025
“La lectura política que hacemos de este anuncio tiene que ver con el uso del Decreto de Necesidad y Urgencia para modificar leyes que, exclusivamente, le corresponden al Congreso. Lo que no hace el gobierno es explicar cuál es la urgencia o la necesidad de hacer una reforma de este tipo”, dijo a Tiempo el abogado Diego Morales, del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels).
Asimismo, el letrado señaló que no fue casual que la oportunidad elegida para realizar este anuncio fuera contemporánea a las elecciones que se llevarán a cabo este domingo en la Ciudad de Buenos Aires. “Dos días antes de la elección lo introduce como un tema de campaña, es una cuestión de oportunidad política porque, insisto, el Ejecutivo no dio ninguna razón acerca de por qué es necesario hacer esto hoy y, de hecho, en el Boletín Oficial no fue publicado y lo único que genera es temor y ansiedad en toda la población migrante que queda en un escenario de incertidumbre”, apuntó.
Se crearía un régimen de excepción
Para Morales, las modificaciones anunciadas crearían un régimen de excepción que iría en desmedro de los derechos de las personas migrantes. Cabe resaltar que, hasta el momento, son comunes las normas procesales que definen en qué momento las personas pueden defenderse, cuándo tienen derecho de contar con abogados o cuáles son los plazos para contestar una medida.
“Si se establecen regímenes particulares para aquellos migrantes que tienen antecedentes penales se generan muchas dificultades para garantizar que esas personas puedan acceder a la justicia. Si yo quiero discutir una medida de expulsión, ¿cómo se justifica que tenga un régimen especial? no tiene razón de ser”, manifestó.
Al respecto, resaltó que en el año 2024, la gestión de gobierno actual modificó la Ley de Procedimientos Administrativos y estableció que el acceso a la justicia, y sobre todo, el acceso a la justicia administrativa, “es un derecho de todas las personas, y ahora están generando un régimen especial”, concluyó.
Los nueve puntos observados por el Cels
En su cuenta oficial de X el CELS publicó nueve puntos que deben aclararse con respecto a la pretendida reforma migratoria. Entre ellos, señaló que muchas de las disposiciones anunciadas como novedosas ya se encuentran en vigencia:
El artículo 29 inc. c de la Ley de Migraciones prevé para quienes tengan antecedentes o condenas superiores a 3 años no podrán ingresar al país.
Ya se encuentra previsto en el art. 35 y en el 29, inc. i de la Ley de Migraciones que quienes sean encontrados en flagrancia por pasos no habilitados serán expulsados inmediatamente.
Ya está previsto en el art. 29, inc. a. de la Ley de Migraciones que se podrá impedir el ingreso al país de la persona que mienta en la información brindada.
No obstante, apuntó que otras disposiciones –de publicarse por DNU- generarían un régimen de excepción que, además, evitaría sin motivos justificado el debate en el Congreso. Al respecto, señaló las siguientes pretensiones del Ejecutivo:
Ante el anuncio de que todo extranjero condenado por cualquier delito será deportado, el Cels aclaró que “al ser la modificación de una ley, debe hacerlo el Congreso. La ley vigente dice que los antecedentes deben ser por condenas de más de 3 años”.
Sobre la pretensión de acortar los plazos de apelación para la deportación, aseveró que “no se puede establecer un régimen excepcional para ciertas personas, sin debate en el Congreso. Tiene que ver con el derecho a defenderse”.
Respecto a que inmigrantes ilegales, residentes transitorios y temporales deberán pagar los servicios de salud, manifestó que “al ser la modificación de una ley, debe hacerlo el Congreso. La ley vigente garantiza el acceso a la salud para todas las personas”.
En relación a la pretensión de que quienes ingresen a la Argentina deberán presentar seguro médico, aclaró que “esa afirmación es contraria al Acuerdo de Libre Circulación del Mercosur«.
El anuncio de que se habilitará a las universidades el cobro de los servicios de educación, el Cels expresó que debe ser materia de debate en el Congreso.
Por último, respecto a la pretensión de que los requisitos para obtener la residencia permanente y la ciudadanía sean más severos, aclaró que “al ser la modificación de la Ley de Ciudadanía y del Acuerdo de Libre Circulación del Mercosur, debe pasar por el Congreso”.
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